Política ambiental
Historia de la elaboración de políticas ambientales
Las políticas públicas destinadas a la protección del medio ambiente se remontan a la antigüedad. Las primeras alcantarillas se construyeron en Mohenjo-daro (civilización del Indo o Harappan) y en Roma (antigua civilización romana), que datan de hace unos 4.500 y 2.700 años, respectivamente. Otras civilizaciones aplicaron leyes medioambientales. Las ciudades-estado de la antigua Grecia crearon leyes que regulaban el aprovechamiento de los bosques hace unos 2.300 años, y las sociedades feudales europeas establecieron cotos de caza, que limitaban el aprovechamiento de la caza y la madera a la realeza, impidiendo así la sobreexplotación, hacia el año 1000 d.C. La ciudad de París desarrolló el primer sistema de alcantarillado a gran escala de Europa durante el siglo XVII. Cuando los efectos de la industrialización y la urbanización aumentaron a finales del siglo XIX y principios del XX y amenazaron la salud humana, los gobiernos desarrollaron normas y reglamentos adicionales para la higiene urbana, el alcantarillado, el saneamiento y la vivienda, así como las primeras leyes dedicadas a la protección de los paisajes naturales y la vida silvestre (como la creación del Parque Nacional de Yellowstone como primer parque nacional del mundo en 1872). Las personas adineradas y las fundaciones privadas, como el Sierra Club (fundado en 1892) y la National Audubon Society (fundada en 1905), también contribuyeron a los esfuerzos para conservar los recursos naturales y la vida silvestre.
La gente empezó a ser consciente de los efectos nocivos de las emisiones y el uso de productos químicos en la industria y de los pesticidas en la agricultura durante las décadas de 1950 y 1960. La aparición de la enfermedad de Minamata en 1956 en Japón, derivada de los vertidos de mercurio de las empresas químicas cercanas, y la publicación de Primavera Silenciosa (1962) de la bióloga estadounidense Rachel Carson, que puso de manifiesto los peligros de la contaminación, dieron lugar a una mayor concienciación pública sobre los problemas medioambientales y a sistemas detallados de regulaciones en muchos países industrializados. En esas normativas, los gobiernos prohibían el uso de sustancias peligrosas o prescribían niveles máximos de emisión de sustancias específicas para garantizar una calidad ambiental mínima. Dichos sistemas de regulación, como las leyes de Agua Limpia y Aire Limpio en los Estados Unidos, lograron abordar eficazmente las fuentes puntuales (es decir, cualquier ubicación discreta discernible o pieza de equipo que descarga contaminación), como las plantas industriales y los servicios públicos, donde la relación causa-efecto entre los actores que causan el efecto ambiental negativo podría establecerse claramente.
Sin embargo, algunos problemas ambientales persistieron, a menudo debido a las muchas fuentes no puntuales (difusas), como los gases de escape de los automóviles privados y la escorrentía de pesticidas y fertilizantes de las pequeñas granjas, que contribuyeron a la contaminación del aire y del agua. Individualmente, esas pequeñas fuentes pueden no ser perjudiciales, pero la acumulación de su contaminación puede superar las normas mínimas reglamentarias de calidad ambiental. Además, la creciente complejidad de las cadenas de causas y efectos ha contribuido a la persistencia de los problemas. En los años 80, los efectos de la lluvia ácida demostraron que las causas de la contaminación ambiental podían separarse geográficamente de sus efectos. Los problemas de contaminación de todo tipo subrayaron el mensaje de que los recursos naturales de la Tierra se estaban agotando y degradando.
Desde finales de la década de 1980, el desarrollo sostenible -es decir, el fomento del crecimiento económico al tiempo que se preserva la calidad del medio ambiente para las generaciones futuras- se convirtió en un concepto líder en la elaboración de políticas medioambientales. Al considerar la naturaleza y los recursos naturales como motores económicos, la elaboración de políticas medioambientales dejó de ser dominio exclusivo del gobierno. En su lugar, la industria privada y las organizaciones no gubernamentales asumieron una mayor responsabilidad por el medio ambiente. Además, el concepto hacía hincapié en que las personas y sus comunidades desempeñan un papel fundamental en la aplicación efectiva de las políticas.