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Centro de Detención del Noroeste

El centro de detención fue inaugurado en 2004 por Correctional Services Corporation (CSC) en virtud de un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En 2005, CSC fue comprada por el Grupo GEO, adquiriendo así el Centro de Detención del Noroeste.

En junio de 2008, la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle publicó una investigación sobre el NWDC concluyendo que las condiciones que encontraron, «violan tanto la ley internacional de derechos humanos como las protecciones constitucionales nacionales.»

Un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplió la capacidad de alojamiento del centro de detención en 2009, convirtiéndolo en el mayor centro de detención propiedad del Grupo GEO en la Costa Oeste.

En marzo de 2014, los reclusos iniciaron una huelga de hambre para protestar por las condiciones del NWDC. Según el ICE, 750 detenidos se habían negado a comer. El representante de la Cámara de Representantes Adam Smith (D-9) criticó el NWDC en una entrevista con The Stranger en mayo, pidiendo que se mejoren las «escandalosas» condiciones. Los manifestantes piden una mejor alimentación, juicios más rápidos, precios más bajos en el economato y un aumento de los salarios de la mano de obra.

En abril de 2015, los guardias supuestamente golpearon a Alfredo Rodríguez, un inmigrante hondureño indocumentado de 60 años. Al parecer, Rodríguez había criticado a un guardia por maltratar a un recluso que estaba fregando. Rodríguez ha sido deportado desde entonces, y Jennifer Lesmez, que representa a seis detenidos que presenciaron el incidente, dice que algunos fueron amenazados con represalias si se quejaban. El portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Andrew Muñoz, rebatió el relato y añadió que «las políticas del ICE prohíben las represalias» hacia los detenidos.

En octubre de 2015, el Grupo Geo renovó un contrato de diez años con el ICE.

El 18 de agosto de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que pondría fin a la privatización de las prisiones federales, sin embargo, esto no afectaría a los centros de detención de inmigrantes, que en 2014 eran operados en un 62% de forma privada en comparación con el 8% de los presos federales. Las acciones de GEO cayeron bruscamente tras el anuncio.

El 20 de septiembre de 2017, el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, presentó una demanda contra GEO Group, Inc, la empresa penitenciaria privada que gestiona el Centro de Detención del Noroeste de Tacoma (NWDC). La demanda alega que GEO Group, Inc, el segundo proveedor de prisiones privadas más grande del país, ha violado durante años la ley de salario mínimo del Estado de Washington, pagando a sus trabajadores 1 dólar al día o, en algunos casos, con bocadillos y comida extra. «Seamos sinceros sobre lo que está pasando», dijo Ferguson, en una conferencia de prensa en el centro de Seattle. «GEO tiene una población cautiva de personas vulnerables que no pueden defenderse fácilmente. Esta corporación está explotando a esos trabajadores para sus propios beneficios».

El 13 de julio de 2019 un individuo armado supuestamente intentó atacar el centro de detención con un rifle y lanzó dispositivos incendiarios. El individuo murió durante un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Cuatro oficiales de policía de Tacoma fueron puestos en licencia administrativa pagada.

El 17 de abril de 2020, un grupo de mujeres detenidas comenzó una huelga de hambre para protestar por las condiciones peligrosas que enfrentaban en el NWDC durante la epidemia de COVID-19. Las mujeres denunciaron el grave hacinamiento, la falta de acceso a la atención médica y el desprecio total por la sanidad.

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