Guerra contra las drogas
Guerra contra las drogas, el esfuerzo en los Estados Unidos desde la década de 1970 para combatir el consumo de drogas ilegales mediante el aumento de las penas, la aplicación de la ley y el encarcelamiento de los delincuentes de drogas.
La Guerra contra las Drogas comenzó en junio de 1971, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró que el abuso de drogas era el «enemigo público número uno» y aumentó la financiación federal para las agencias de control de drogas y los esfuerzos de tratamiento de las mismas. En 1973 se creó la Administración para el Control de las Drogas a partir de la fusión de la Oficina para el Control del Abuso de Drogas, la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas y la Oficina de Inteligencia de Narcóticos para consolidar los esfuerzos federales para controlar el abuso de drogas.
La Guerra contra las Drogas fue un componente relativamente pequeño de los esfuerzos federales para el cumplimiento de la ley hasta la presidencia de Ronald Reagan, que comenzó en 1981. Reagan amplió enormemente el alcance de la guerra contra las drogas y su enfoque en el castigo penal en lugar del tratamiento condujo a un aumento masivo de los encarcelamientos por delitos de drogas no violentos, de 50.000 en 1980 a 400.000 en 1997. En 1984, su esposa, Nancy, encabezó otra faceta de la Guerra contra las Drogas con su campaña «Sólo di no», que fue un esfuerzo financiado con fondos privados para educar a los escolares sobre los peligros del consumo de drogas. La expansión de la Guerra contra las Drogas fue impulsada en muchos sentidos por la creciente cobertura mediática -y el consiguiente nerviosismo público- de la epidemia de crack que surgió a principios de la década de 1980. Esta mayor preocupación por el consumo de drogas ilícitas contribuyó a impulsar el apoyo político a la postura de línea dura de Reagan en materia de drogas. El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986, que asignaba 1.700 millones de dólares a la Guerra contra las Drogas y establecía una serie de sentencias de prisión «mínimas obligatorias» para diversos delitos de drogas. Una característica notable de los mínimos obligatorios era la enorme diferencia entre las cantidades de crack y de cocaína en polvo que daban lugar a la misma sentencia mínima: la posesión de cinco gramos de crack conllevaba una sentencia automática de cinco años, mientras que se necesitaba la posesión de 500 gramos de cocaína en polvo para desencadenar esa sentencia. Dado que aproximadamente el 80% de los consumidores de crack eran afroamericanos, los mínimos obligatorios provocaron un aumento desigual de las tasas de encarcelamiento de los delincuentes de drogas negros no violentos, así como afirmaciones de que la Guerra contra las Drogas era una institución racista.
La preocupación por la eficacia de la Guerra contra las Drogas y el aumento de la concienciación sobre la disparidad racial de los castigos aplicados por ella hicieron que disminuyera el apoyo público a los aspectos más draconianos de la guerra contra las drogas durante los primeros años del siglo XXI. En consecuencia, se promulgaron reformas durante ese tiempo, como la legalización de la marihuana recreativa en un número creciente de estados y la aprobación de la Ley de Sentencias Justas de 2010, que redujo la discrepancia de los umbrales de posesión de crack a polvo para las sentencias mínimas de 100 a 1 a 18 a 1. La legislación de reforma penitenciaria promulgada en 2018 redujo aún más las sentencias para algunas condenas relacionadas con el crack. Aunque técnicamente la Guerra contra las Drogas se sigue librando, se hace a un nivel mucho menos intenso que durante su apogeo en la década de 1980.